El polideportivo tiene ya sus años, el vestuario se queda pequeño, o quizás el municipio ha crecido y la demanda deportiva desborda lo que la instalación puede ofrecer. Hay voluntad política, hay partida presupuestaria o hay una subvención a la vista. Y, sin embargo, algo frena antes de dar el paso definitivo: la duda de si lo que se va a construir o reformar es realmente lo que se necesita, si estará bien dimensionado, si será sostenible en el tiempo.
Esa duda, aunque pocas veces se verbaliza con claridad en las reuniones técnicas o en los plenos, es probablemente la más inteligente que puede hacerse antes de iniciar cualquier actuación sobre infraestructura deportiva pública. Y, en la mayoría de los municipios medianos de España, no se responde con suficiente rigor antes de que los planos estén ya sobre la mesa.
El error más común: confundir urgencia con planificación
En municipios de entre 5.000 y 50.000 habitantes, la presión para actuar sobre instalaciones deportivas suele llegar por dos vías. La primera es la demanda ciudadana acumulada. La segunda es la aparición de una oportunidad de financiación externa, una convocatoria del Plan de Recuperación, una línea de la Diputación, un remanente de tesorería, que genera la sensación de que hay que actuar rápido antes de que la ventana se cierre.
Ambas situaciones generan lo que podría llamarse planificación reactiva: se actúa sobre la urgencia o sobre lo que financia, no necesariamente sobre lo que más valor aporta al sistema deportivo municipal en su conjunto. El resultado, que se repite con llamativa frecuencia, es la construcción o reforma de instalaciones que quedan infrautilizadas en pocos años, que generan gastos de mantenimiento que la tesorería municipal no había previsto con realismo, o que resuelven un problema puntual mientras dejan sin atender necesidades estructurales de la población.
Esto no es un juicio de valor sobre la gestión municipal. Es la consecuencia natural de operar sin los instrumentos técnicos adecuados para tomar decisiones de este tipo.
Qué dice el marco legal
La Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, establece que los municipios de más de 5.000 habitantes tienen la obligación de contar con instalaciones deportivas de uso público. Pero esta obligación genérica no viene acompañada de criterios técnicos sobre qué tipo de instalación, con qué dimensiones o con qué modelo de gestión. Eso queda en manos de cada municipio, con el apoyo, variable según la comunidad autónoma, de las leyes autonómicas del deporte y de los planes directores o de equipamientos que cada Comunidad Autónoma pueda tener.
En el ámbito de la contratación, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) exige que cualquier obra o servicio público cumpla con criterios de eficiencia en el gasto, lo que en la práctica obliga a justificar técnicamente las actuaciones.
El Real Decreto Legislativo 2/2004, que regula las Haciendas Locales, introduce el principio de estabilidad presupuestaria que obliga a los ayuntamientos a justificar el impacto financiero de sus decisiones. En teoría, esto debería disuadir de inversiones mal dimensionadas. En la práctica, el análisis de viabilidad económica de las instalaciones deportivas sigue siendo uno de los puntos más débiles de los proyectos municipales: se justifica la inversión inicial con relativa facilidad, pero se subestiman sistemáticamente los costes de explotación, personal, energía y mantenimiento a medio plazo.
Las preguntas que el proyecto técnico no puede responder solo
Un proyecto de construcción o reforma de instalaciones deportivas, por muy bien redactado que esté, responde a cómo se va a construir. Pero hay preguntas previas que no son de naturaleza arquitectónica ni de ingeniería, y que sin embargo condicionan radicalmente el éxito de la actuación.
La primera es la pregunta de la demanda real: no la demanda percibida, lo que los ciudadanos piden o lo que el técnico deportivo intuye, sino la demanda analizada, patrones de uso de las instalaciones existentes, oferta privada en el entorno y tendencias de práctica deportiva. Una piscina de 25 metros tiene sentido en un municipio con una estructura demográfica joven y sin oferta privada de natación en un radio razonable. El mismo equipamiento puede ser un error costoso en otro municipio con demografía envejecida, descenso poblacional previsto y un club privado que ya cubre esa demanda.
La segunda pregunta es la del modelo de gestión. Una instalación no se puede diseñar bien sin haber decidido antes si se va a gestionar de forma directa por el ayuntamiento, a través de una entidad pública empresarial, mediante concesión o mediante acuerdo con una entidad sin ánimo de lucro. Cada modelo tiene implicaciones directas sobre los espacios necesarios, los requerimientos técnicos del edificio, los flujos de usuarios y la distribución funcional.
La tercera pregunta, y quizás la más incómoda, es la de la sostenibilidad económica. ¿Cuánto va a costar mantener y operar esta instalación cada año? ¿Con qué ingresos se va a financiar ese coste? ¿Cuántas personas usuarias necesita para no ser un problema presupuestario? Estas preguntas deben responderse antes de aprobar el proyecto, no después de inaugurar.
El papel del plan director de instalaciones deportivas
Un plan director de instalaciones deportivas no es un documento burocrático ni un trámite previo. Es el instrumento que permite a un municipio conocer su situación real, qué tiene, en qué estado, qué usa y qué necesita la población, y tomar decisiones de inversión con criterio técnico y visión de conjunto.
En municipios medianos, donde los recursos son limitados y cada euro de inversión tiene que rendir al máximo, disponer de un plan director transforma radicalmente la calidad de las decisiones. Permite priorizar: si hay que elegir entre renovar el frontón municipal, ampliar los vestuarios del polideportivo o construir pistas de pádel nuevas, el plan director aporta los datos para argumentar esa decisión con rigor, tanto de cara al equipo de gobierno como ante la ciudadanía y los órganos de control.
Pero además, el plan director es un instrumento de legitimación externa. Cuando un ayuntamiento concurre a una convocatoria de subvenciones con un proyecto de infraestructura deportiva respaldado por un análisis técnico previo, que justifica la necesidad, dimensiona la demanda y acredita la viabilidad operativa, la calidad del expediente mejora sustancialmente. Y cuando ese proyecto llega al interventor municipal para su fiscalización, el análisis de viabilidad económica no es un anexo decorativo sino el núcleo técnico del expediente.
Diseño funcional: donde la planificación y la arquitectura se encuentran
Una vez resuelta la pregunta de qué construir o reformar, el diseño funcional es la fase que traduce los requerimientos del servicio deportivo en parámetros técnicos para el arquitecto o el ingeniero. No sustituye al proyecto técnico: lo alimenta y lo orienta.
El diseño funcional de una instalación deportiva municipal define los espacios necesarios y su dimensionado, los flujos de usuarios, acceso, vestuarios, zonas de actividad, etc,, las condiciones técnicas específicas de cada espacio deportivo, los requerimientos de accesibilidad universal, la relación entre espacios y la lógica de uso simultáneo por diferentes colectivos. También anticipa los requerimientos de eficiencia energética, que en el contexto de instalaciones deportivas, con grandes volúmenes de agua caliente sanitaria, climatización de piscinas y amplias superficies iluminadas, tienen un impacto económico muy significativo en la fase de explotación.
Cuando el diseño funcional se elabora con rigor, el proyecto técnico posterior tiene menos probabilidades de generar sorpresas: espacios que no caben, flujos que se cruzan, vestuarios que se quedan pequeños en los picos de uso, o instalaciones que generan costes energéticos que nadie había calculado.
Este trabajo de diseño funcional requiere un perfil técnico específico: alguien que conoce cómo funciona una instalación deportiva por dentro, no solo cómo se construye, que entiende los patrones de uso, que ha gestionado o asesorado en la gestión de espacios similares y que puede traducir ese conocimiento en parámetros técnicos útiles para el equipo de proyecto.
Reformas y adecuaciones: el caso más frecuente y el menos planificado
La construcción de instalaciones nuevas es la situación más visible, pero en la mayoría de los municipios medianos el caso más frecuente es la reforma o adecuación de instalaciones existentes. Y paradójicamente, es donde la planificación previa brilla más por su ausencia.
Las reformas suelen abordarse por partes, acumulando actuaciones parciales a lo largo de los años sin una visión de conjunto. El resultado es instalaciones que han recibido inversiones sucesivas sin que ninguna de ellas haya respondido a una estrategia clara: se cambia el pavimento del pabellón pero no se mejora la iluminación; se renuevan los vestuarios pero el sistema de climatización sigue siendo ineficiente; se instalan nuevas pistas de pádel pero el acceso y el aparcamiento no dan abasto.
Antes de iniciar una reforma, aunque sea parcial, conviene responder al menos tres preguntas. Primera: ¿la instalación en su conjunto tiene recorrido, o hay elementos estructurales que limitarán su vida útil independientemente de lo que se invierta? Segunda: ¿la actuación prevista es compatible con el plan de instalaciones del municipio a medio plazo, o puede entrar en contradicción con una decisión futura? Tercera: ¿el dimensionado de la reforma responde a la demanda real y proyectada, o se está sobredimensionando o infradimensionando la actuación?
Estas no son preguntas que el técnico deportivo municipal pueda responder solo, ni que el arquitecto del proyecto deba resolver sin información de partida. Son preguntas que requieren un trabajo previo de análisis técnico que, en muchos municipios, no se está haciendo.
Una reflexión para cerrar
España tiene una red de instalaciones deportivas municipales que en términos de cobertura es de las más desarrolladas de Europa. Pero cantidad no es lo mismo que eficiencia, y la presión sobre los presupuestos municipales de los próximos años va a obligar a ser mucho más exigentes con cada euro de inversión que se destine a infraestructura deportiva.
La pregunta que merece la pena hacerse no es si se puede construir o reformar. La pregunta es si se está en condiciones de justificar, con datos y análisis técnico, que lo que se va a construir o reformar es lo correcto, tiene el tamaño adecuado, se podrá mantener con los recursos disponibles y va a generar el valor que la ciudadanía necesita.
Si esa pregunta tiene una respuesta sólida, el proyecto tiene bases firmes. Si todavía no la tiene, quizás el primer paso no es llamar al arquitecto sino asegurarse de que el trabajo técnico previo está bien hecho.
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